Aunque la memoria colectiva en el país sea a corto plazo y la historia haya hecho a muchos jóvenes olvidar que hasta hace 50 años teníamos dictadura, a los 2 años de regresar a la democracia asesinan al entonces presidente en un atentado aéreo (archivos desclasificados de la CIA 21-22, Plan Cóndor). En los 80 el auge de grupos subversivos y la represión a los líderes sindicales y sociales, en los 90 las grandes movilizaciones de los pueblos indígenas que le dieron visibilidad a la exclusión histórica-estructural del Estado. A inicios de los 2000 Ecuador tuvo a 4 presidentes en 5 años, no tenemos una historia democrática estable como para justificar la pasividad que la juventud y el grueso de la población aceptan.
En la coyuntura política nacional, es importante recalcar que el poder movilizador y transformador de los mismos se ha reducido, y en gran parte es porque, en aras de blindar la gobernabilidad. En la década pasada se expidió, en el gobierno de R. Correa, el decreto n.º 78 con causales para la disolución de fundaciones y organizaciones de la sociedad civil (OSC). Avasallaron a OSC/fundaciones que no se alineaban al gobierno por defender la naturaleza o derechos humanos.
No es un secreto para nadie inmerso en la política saber que estas reformas se hacen con un fin: controlar cualquier iniciativa que trate de reformar la institucionalidad. Usan la legalidad como arma desmovilizadora. No olvidemos que los cambios transformadores se logran desde la insurrección popular, con la sociedad civil y los quintiles más vulnerables organizados. Así hemos conseguido la repartición legalizada de tierras a los campesinos en 1990, el ingreso gratuito a la educación superior después de la masacre de la Casona Universitaria en 1969, y en 1922, la matanza indígena en la hacienda Leito que fue chispa liberadora para erradicar el sistema de la hacienda. En 2022, el paro nacional por el paquetazo económico que subió el costo de productos de primera necesidad limitando su poder adquisitivo, también por mencionar otros hechos, como el paro de octubre 2019, la masacre de Aztra, y un largo etc.
La sociedad civil ecuatoriana contemporánea, con sus bases sociales organizadas, ha demostrado un poder movilizador fuerte: se movilizan porque encarecen sus condiciones de vida sin ver ingresos en sus economías. Sí, se movilizan porque vivir es más caro. Y a esto, ¿qué hacen nuestros representantes para cambiar esta realidad? ¿Qué están haciendo los jóvenes permanentemente organizados? ¿Qué hacen los gremios sindicales, sociales, universitarios ante las decisiones que empeoran el bienestar social?
Las OSC fueron desmovilizadas, ahora su acción política se reduce a existir sin incomodar, y quienes incomodan son excluidos y/o neutralizados de estos espacios. El performance en política no se entiende aquí como arte, sino como una práctica que se limita a la apariencia, actos diseñados para ser vistos, difundidos en redes o capturados en imágenes, sin continuidad ni impacto en las estructuras de poder. Con ello, los problemas sociales se teatralizan: se hablan, pero no se reforman.
La juventud no puede conformarse con ser un adorno del sistema político. Si reducimos nuestra
participación a eventos simbólicos, terminamos legitimando lo mismo que decimos cuestionar; no hacemos más que actuar en beneficio de intereses personales. Con esto también es importante mencionar la neutralidad de la juventud: hace décadas, ser joven era sinónimo de ser revolucionario, no contentarse con el país que sus padres les dejaron, sino transformarlo. No son todos, pero gran parte del activismo juvenil político son (en el espectro político: centro) que no cuestionan al oficialismo, no accionan, solo participan y son parte de las cuotas políticas de los viejos políticos.
Las OSC de jóvenes, sin generalizar, llegan a ser vitrinas que engordan currículums sin compromiso social más que el propio. Esto es muy grave, pues implica que exista un bucle generacional que puede repetirse como norma en los jóvenes que quieren participar en política.
Ecuador no puede seguir refugiándose en la comodidad de la neutralidad. La historia ya ha demostrado que cada vez que la sociedad elige no incomodar al poder, el costo lo pagan los más vulnerables; los muertos siempre son de este lado. El país necesita menos performance y más coherencia en sus acciones, menos neutralidad y más valentía. Porque no incomodar al poder, tarde o temprano, siempre termina repitiendo los mismos patrones que nos estancan en el no progreso y la casi nula oportunidad de ascender en la estructura social por medios legítimos, pues el crimen organizado, lamentablemente, está capitalizando la miseria para sus actividades delictivas. Debemos volver a fortalecer las organizaciones locales: de los barrios, el profesorado, los estudiantes, los campesinos, las comunas y comunidades indígenas, con un plan de reducción de inequidades claro para con el gobierno y país
